Las nuevas autoridades hondureñas corren el riesgo de verse cada vez más aisladas del resto del mundo tras el golpe de Estado militar contra el presidente Manuel Zelaya, el domingo pasado.
La ONU condenó el golpe y pidió la restitución del depuesto mandatario, mientras que los organismos financieros internacionales decidieron congelar los préstamos al país centroamericano. Tegucigalpa advirtió que arrestará “de forma “inmediata” a Zelaya si regresa al país.
El mandatario destituido el domingo pasado y expulsado del país, advirtió que retornará a Honduras, para “tratar de dialogar y poner orden” con los responsables del golpe militar. Pero sus adversarios, ahora en el poder, amenazaron con arrestarlo de forma “inmediata” e incluso afirmaron que solicitarán a Interpol una orden de arresto internacional. Según anunció el martes el fiscal general, Luis Alberto Rubí, sobre Zelaya pesan cargos por 18 delitos, entre ellos, traición a la patria, abuso de autoridad y corrupción.
La Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington decidió darle 72 a Honduras para restablecer a Zelaya como presidente. De no ser así amenazó con suspender a ese país de la organización. El depuesto mandatario decidió entonces posponer su retorno a Honduras durante las mismas 72 horas en lugar de hacerlo este jueves, como lo tenía previsto.
A la presión política se sumaron las presiones económicas. Los organismos financieros como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), anunciaron que suspenderán los préstamos y desembolsos al país, lo que podría aislarlo del resto del mundo y agravar su precaria situación. Honduras esperaba recibir cerca de 80 millones de dólares del Banco Mundial para el próximo año fiscal, monto que seguramente será congelado a la espera de una evolución favorable de la situación política.
Los detractores de Zelaya realizaron el martes en Tegucigalpa una multitudinaria manifestación donde abundaron los gritos de “¡qué no vuelva, qué no vuelva!, y los vítores al jefe del Estado Mayor conjunto, Romeo Vásquez, destituido por Zelaya.
Esta crisis política en Honduras se inició por la negativa de Zelaya de respetar la decisión del Congreso y de la justicia hondureños que declararon ilegal una consulta popular sobre la reelección presidencial. Los militares decidieron entonces arrestar a Zelaya y expulsarlo hacia Costa Rica, tras lo cual el Congreso decidió designar a Roberto Micheletti como presidente interino.
